Tras las pruebas que presentó la Fiscalía ante la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador, Benito Lara, su esposa e hija deberán devolver al Estado $109,555.87, dinero con el cual se enriquecieron ilícitamente.
De igual manera, el exdiputado de la Asamblea Legislativa y exministro de Justicia y Seguridad Pública no podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.
La Audiencia Probatoria se desarrolló la semana anterior contra Lara, su cónyuge Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseyda Lara Campos.
En su argumento, la Cámara validó toda la prueba ofrecida por el ente fiscal, no así la aportada por los apoderados.
En la sentencia, los magistrados determinaron que el incremento económico injustificado que Lara deberá reintegrar al Estado es de $39,253.23; la demandada Zelaya de Lara también deberá devolver $2,000, y Lara Campos $68,302.64.
Según la investigación, el delito de enriquecimiento ilícito se configuró mientras Lara se desempeñó como diputado de la Asamblea Legislativa -por el FMLN- entre el 2009 y 2014, y como ministro de Justicia y Seguridad del 2014 al 2017.
Además, en el fallo los magistrados condenaron civilmente a los demandados para que en un período de 10 años estén inhabilitados para ejercer cargos públicos.
