El Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia es el ente a cargo de otorgar beneficios carcelarios después de realizar un análisis de los sentenciados que llegan bajo recomendación de los directores de los centros de atención institucional o centros penitenciarios.
Tras un análisis hecho por la Fiscalía general, se han detectado casos que consideraron graves.
Por ejemplo, un sentenciado por un doble homicidio y otro por delitos económicos que no cumplió ni tres meses de una pena de 10 años. Ambos obtuvieron beneficios carcelarios que ahora son objeto de cuestionamiento.
En uno de dichos casos, un imputado ha sido condenado por el tribunal penal de Cartago a tres años y cuatro meses de prisión. La sentencia quedó en firme el 03 de febrero del 2018. El acusado debía descontar la pena en un centro penitenciario.
Sin precisarse fecha exacta, las autoridades penitenciarias ubicaron a esta persona en el centro de atención semi institucional de Cartago, otorgándole la libertad anticipada.
Cuando el sentenciado disfrutaba de ese beneficio carcelario, el 17 de noviembre del 2018, cometió los delitos de homicidio simple, femicidio, tentativa de homicidio simple, daños agravados, incendio y explosión; por estos hechos fue condenado por el tribunal penal de Cartago, en la causa 18-000276-988-PE, el 26 de agosto del 2019.
Estos casos son muy similares al del sospechoso de apellidos Zepeda Rubí, quien cumple, ahora, prisión preventiva por el crimen de Keylor Gamboa, de 19 años, hecho que ocurrió el pasado lunes en la madrugada en Barrio Pinto, en Montes de Oca.
Este sujeto, como había informado Telenoticias, cumplía sentencia por robo agravado con la condición de firmar todos los miércoles en el centro de atención semi institucional de San José. Ese beneficio lo tenía desde el 12 de junio del 2021.
Telenoticias insistió al Ministerio de Justicia sobre las consideraciones que tuvo el Instituto Nacional de Criminología para otorgar el beneficio carcelario a Zepeda Rubí.
Sin embargo, por medio de la oficina de prensa indicaron lo siguiente:
"El Ministerio de Justicia en este momento está revisando cada detalle del expediente que contempla el criterio técnico que avaló, el cambio de medida para el privado de libertad de apellido Zepeda. Este criterio no es unilateral, se resuelve en el seno de un consejo conformado por distintos profesionales que integran el Instituto Nacional de Criminología. Hasta no obtener los resultados finales de esta revisión no se podrán emitir criterios de fondo sobre el mismo".
El sospechoso ahora cumple cinco meses de prisión preventiva y la fiscalía solicitó que el beneficio sea revocado.
