La tragedia que significa la muerte o incapacidad grave de un militar en el campo de batalla irónicamente se ha estado convirtiendo en un festín para abogados que están pendientes de estos casos, brindan sus “buenos oficios” en procesos judiciales largos pero con resultados ciertos de millonarias indemnizaciones, de las cuales terminan siendo los favorecidos, mientras que los soldados quedan contando monedas.
Asimismo, habría demoras irregulares en los pagos que debe hacer el Ministerio de Defensa, lo que duplica la tasa de interés y multiplica el valor de las indemnizaciones. Son cientos los casos que se están documentando, como el del soldado profesional Luis Manuel Jiménez, quien en 2006, en el departamento de Caquetá, resultó gravemente herido luego de un ataque terrorista con explosivos por parte de la guerrilla de las Farc.
Sufrió fractura de cráneo, perdió la vista del ojo derecho en un 77 por ciento, y aun así lo mantuvieron en el Ejército cuatro años más, hasta que en junta médica determinaron incapacidad de más del 50 por ciento por actos del servicio.
Pensó que sus súplicas habían sido escuchadas, se imaginaba un mejor futuro fuera del Ejército, pero fue todo lo contrario, empezó la segunda parte de su suplicio.
Pese a tener el concepto médico, el Ministerio de Defensa se negó a pagarle la pensión a la que tenía derecho y tuvo que buscar asesoría jurídica. Seis años después, en 2012, pasaba una difícil situación económica, tapando huecos y abriendo otros para poder vivir, pero aun así contrató a un abogado, quien luego de tres años y medio de proceso logró que, en 2015, le reconocieran el derecho a jubilarse.
En los años que duró el pleito, Martínez no tenía estabilidad económica y tuvo que recurrir a la supuesta caridad del abogado, quien le hacía pequeños préstamos que fueron cobrados con creces. Le había empeñado el alma al diablo.
El abogado le dijo al soldado que había salido una plata adicional en 2017, eran 20 millones de pesos. Las cuentas resultaron crudas, la mitad era para Martínez y el restante para el jurista por su trabajo. Sin embargo, como el abogado, como le había hecho préstamos al urgido exmilitar, en el cruce de cuentas, el soldado terminó debiendo dinero.
Martínez y su abogado perdieron el contacto y, buscando alternativas, inició un proceso para revocarle el poder. Contrató a otro abogado, el soldado retirado Abel Rojas, quien hoy defiende a militares afectados por la guerra y que han quedado desamparados por el Estado. En seguida se encontraron con una sorpresa; en una decisión reciente, un juez había ordenado al Ministerio de Defensa que le pagara a Martínez 82 millones de pesos. “El otro abogado me quería tumbar, nunca me informó de esa plata”, dijo Martínez a SEMANA.
Al conocer la nueva situación, Rojas, Martínez y el otro abogado se reunieron para cruzar cuentas y arreglar el tema por lo sano. Pero la sorpresa fue mayúscula para Rojas, cuando descubrió que su colega, el que había ayudado a Martínez inicialmente, le estaba haciendo varios cargos en la cuenta de cobro que no son legales, como el cobro del impuesto del IVA.
“Lo que pasa es que los soldados pecamos de ingenuos y creemos todo lo que nos dicen, incluso este abogado le había hecho firmar tres hojas en blanco a Martínez para tener derecho sobre su pensión”, explicó Abel Rojas. Tras el cruce de cuentas, acordaron que de los 82 millones de pesos solo 28 le correspondían a Martínez, porque el 30 por ciento era para el abogado por sus acciones y el pago de los intereses del dinero que le había prestado al exsoldado.
