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El Salvador: Exalcalde de Apopa y su familia acusados de peculado y otros delitos negocian juicio abreviado

El Salvador: Exalcalde de Apopa y su familia acusados de peculado y otros delitos negocian juicio abreviado

El exalcalde de Apopa, José Elías Hernández aceptó que, durante su gestión entre el 2012 al 2016, él y su esposa Evelinda Serrano de Hernández han cometido peculado y negociaciones ilícitas, mientras que su hijo Darwin Hernández los delitos de soborno y fraude procesal.

En tal sentido la defensa del exalcalde y la Fiscalía General de la República negocian un juicio abreviado para condenarlo a él, su esposa, hijo y otras tres personas más por los delitos antes mencionados a una pena menor.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ha dado un lapso de tres semanas para que ambas partes negocien la confesión de los imputados, la pena de cárcel y la responsabilidad civil a pagar al Estado salvadoreño. El juicio se reanudará el próximo 3 de octubre.

“El viernes se presentaron varios procesados y sus defensores a la sede fiscal para realizar un trámite administrativo bajo lineamientos de salida alterna”, explicó uno de los fiscales del caso.

Se informó que otros cuatro, de los 16 imputados procesados como parte de una red creada para desviar fondos públicos y cometer otros delitos, han iniciado el acercamiento con el ministerio público. Según la acusación fiscal, Elías Hernández se apropió junto a los miembros de la red de $591,000, en el accionar delictivo entre los 16 imputados incurrieron en fraude procesal, cohechos (sobornos), fraude procesal y negociaciones ilícitas.

El Salvador: Exalcalde de Apopa junto a su familia acusados de peculado y otros delitos negocian juicio abreviado

Para otros dos imputados, Marta Maura de Gamez y Ana Recinos Díaz, sus abogados solicitaron una suspensión provisional del procedimiento, debido a que se trata de delitos menores.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que el exalcalde Hernández, vinculado a las pandillas, benefició a su esposa al comprar bienes de servicios por $591,000, sin cumplir con los requisitos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) haciendo uso de documentos falsos elaborados por abogados quienes también son procesados en este caso.

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