Ochoa es un militar retirado con el grado de coronel y exdiputado de la Asamblea Legislativa salvadoreña (2012-2015) bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido que abandonó para ligarse a la minoritaria Democracia Salvadoreña (DS).
De acuerdo con la Fiscalía, el exdiplomático recibió esta condena por "apropiarse de 41,040 dólares del Ministerio de Relaciones Exteriores". La acusación contra Ochoa se presentó a finales de 2009 por la firma de contratos irregulares de arrendamiento del inmueble en el que funcionaba la embajada salvadoreña en Honduras, de los que uno "fue ficticio", de acuerdo con la Fiscalía.
El militar fue destituido de su cargo en 2009 tras aceptar sin el consentimiento de la Cancillería salvadoreña una condecoración en Honduras en momentos en los que el Ejecutivo de Mauricio Funes (2009-2014) no reconocía al Gobierno de ese país tras el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya.
Graves violaciones de derechos humanos: Un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington señala que tropas al mando de Ochoa cometieron "graves violaciones de derechos humanos durante operativo militar" en 1981; incluyendo "el asesinato indiscriminado de civiles" en el central departamento de Cabañas.
"Tanto los sobrevivientes como las fuentes oficiales indican que los ataques comenzaron en la madrugada del 11 de noviembre. Las versiones de los medios de comunicación y de las diversas comunidades afectadas confirman el uso de fuego de morteros y ametralladoras desde helicópteros y bombardeo aéreo", apunta el documento publicado en Internet en 2015.
El referido centro de derechos también señala que además de este hecho, conocido como masacre de Santa Cruz, Ochoa es investigado por la matanza de unos 200 civiles denominada El Calabozo (1982). En octubre de 2018, la experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Silvana Turner localizó restos óseos que se supone pertenecen a una familia de seis personas ejecutadas durante esta última masacre.