— El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, dijo el domingo que es evidente el apoyo del pueblo a las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño para combatir los alarmantes índices de violencia criminal que han azotado durante años a este pequeño país centroamericano.
“En verdad el pueblo se ha expresado, eso es evidente, y ha expresado su aceptación en un altísimo número del régimen de la excepción y la gestión del presidente de El Salvador, eso es evidente", dijo el prelado católico en conferencia de prensa. Escobar Alas dijo interpretar la aceptación del pueblo “porque tiene mucha esperanza de que la situación de violencia se resuelva” y advirtió que “si no se resuelve, sería un fracaso más y vendría a agravar la situación”.
El Congreso aprobó el estado de excepción después de que el pasado 26 de marzo se reportaran 62 homicidios en el país, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en varios años.
La medida limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a que se le informen debidamente sus derechos y razones de arresto, así como la asistencia de un abogado.
También amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos. Escobar Alas dijo que los salvadoreños están más preocupados por la violencia que por la grave crisis económica que golpea al país, y aseguró que “no es para menos, por el número de muertos que ha tenido y tantos otros sufrimientos, como las extorsiones, la migración forzada”.
Desde el 27 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción, las autoridades han informado de la captura de más de 36.000 presuntos pandilleros, en un país de sólo 6,5 millones de habitantes. Según la información oficial, los jueces han decretado detención provisional a más de 26.000 personas acusadas de delitos como homicidio, extorsión, posesión de armas, agrupación ilícita o colaboración con pandillas. Sin embargo, cada vez hay más arrestos que lucen arbitrarios o injustificados, como alegan grupos de derechos humanos.
El arzobispo capitalino pidió justicia para las personas detenidas de manera arbitraria y dijo que “ojalá salgan de inmediato, que pronto se les administre justicia, y la justicia es que queden libres y que se les pida disculpas”.
Dijo que como Iglesia no quisieran que ninguna persona sufriera o fuera a la cárcel y que ningún familiar tuviera que soportar esta situación. “Sin embargo, hay que decir que cuando se comete un crimen suele haber consecuencias, como una consecuencia natural”. Un equipo de investigación de Amnistía Internacional que visitó recientemente el país presentó un informe preliminar en el que se afirma que las autoridades salvadoreñas “han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso”. Documentaron 28 casos de violaciones a los derechos humanos, correspondientes a 35 personas.
Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional para el continente americano, pidió al presidente Bukele poner fin al régimen de excepción y revertir las reformas al Código Penal que aprobó el Congreso para el combate a las pandillas, argumentando que las medidas atentan contra los derechos humanos de la población.
A preguntas de los periodistas, Escobar Alas se refirió también a los llamados formulados por Amnistía Internacional y dijo que "lo ideal es que las cosas se hagan sin que sufra nadie, o sin que sean vulnerados los derechos de nadie”, aunque señaló que “es difícil, pero es lo ideal”.
Remarcó que hay que tener en cuenta que “el pueblo pobre es principalmente la víctima que ha puesto muertos y que ha sufrido tanto, y que se le han violado sus derechos por tanto tiempo, entonces es complejo porque, ¿a qué derechos nos referimos? Lo ideal es que se salven todos los derechos y esta es la dificultad”.