Cinco grupos de derechos humanos dicen que ha habido denuncias de al menos 338 violaciones de derechos humanos durante los arrestos masivos de presuntos pandilleros en El Salvador
SAN SALVADOR, El Salvador -- Cinco grupos de derechos humanos informaron el miércoles que ha habido denuncias de al menos 338 violaciones de los derechos humanos durante los arrestos masivos de presuntos pandilleros en El Salvador.
Las cinco organizaciones no gubernamentales dijeron que los abusos citados con mayor frecuencia fueron la detención arbitraria, así como registros ilegales de viviendas, lesiones, robos y la muerte de un detenido.
La mayoría de los casos involucraron a jóvenes de entre 18 y 30 años, según la Fundación Cristosal. Las redadas, iniciadas a finales de marzo tras un aumento en los homicidios, han resultado en el arresto de más de 24.000 presuntos pandilleros.
Pero hasta el 1 de mayo, solo 10.885 de ellos han sido ordenados a la espera de juicio. El gobierno ha decretado un estado de emergencia que extiende a 15 días el tiempo que una persona puede estar detenida sin cargos.
Los grupos de derechos han criticado las medidas, diciendo que los arrestos a menudo son arbitrarios, basados en la apariencia de una persona o en el lugar donde vive. La policía también informó que se vio obligada a cumplir con las cuotas de arresto. A fines de abril, el congreso de El Salvador votó a favor de conceder una solicitud del presidente Nayib Bukele para extender el decreto de emergencia contra las pandillas por otros 30 días.
El estado de emergencia original de 30 días restringe el derecho de reunión, a ser informado de los derechos y tener acceso a un abogado. Un informe anterior de Human Rights Watch y la Fundación Cristosal documentó dos casos en los que personas murieron bajo custodia policial y encontró informes de prensa sobre otros tres casos.
Es casi seguro que el decreto se ha sumado al peligroso hacinamiento en las cárceles salvadoreñas, que ya estaban al 136% de su capacidad en diciembre. El gobierno se ha comprometido a construir más prisiones, pero eso llevará tiempo. El decreto de emergencia se produjo después de una serie de homicidios a fines de marzo, cuando se culpó a las pandillas de 62 asesinatos en un solo fin de semana, un nivel de violencia que el país de 6,5 millones de habitantes no ha visto en años. Bukele también ha establecido una serie de otras medidas. Entre otras cosas, alargaron las penas, redujeron la edad de responsabilidad penal a 12 años.
El congreso de El Salvador autorizó penas de prisión de 10 a 15 años para los medios de comunicación que reproduzcan o difundan mensajes de las pandillas, alarmando a los grupos de libertad de prensa. A los pandilleros recluidos en las prisiones salvadoreñas se les han reducido las raciones de alimentos, se les han negado colchones y han hecho marchas de ranas.
Bukele ha llenado descaradamente sus redes sociales con fotos de pandilleros esposados y ensangrentados. Al mismo tiempo, ha arremetido contra organismos de derechos humanos y organismos internacionales críticos con algunas medidas.
Las pandillas controlan franjas de territorio a través de la brutalidad y el miedo. Han llevado a miles a emigrar para salvar sus propias vidas o las vidas de sus hijos que son reclutados a la fuerza.
