Organizaciones de derechos humanos y familias en El Salvador han denunciado muertes de detenidos y arrestos arbitrarios durante el régimen de excepción solicitado por el Presidente Nayib Bukele, el cual cumple un mes.
Tan sólo la organización para la defensa de derechos humanos Cristosal tiene conocimiento de cinco casos de personas aprehendidas bajo el estado de excepción que han fallecido en los centros penitenciarios. "Llevamos uno de esos casos.
La familia no quiere hablar. En un principio eran tres personas detenidas, una murió, y las otras continúan en prisión", señaló a REFORMA la directora de investigación de la ONG, Rina Monti. "Su temor es hablar y que esto pueda afectar aún más a las personas que siguen bajo arresto".
Óscar Alfredo Gallegos, quien presuntamente fue arrestado por la Policía cuando salió a comprar unos cigarros para su consumo.
Los agentes lo trasladaron al centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, en donde murió.
Familiares de la víctima dijeron a la prensa local que el hombre falleció a causa de golpes en la cabeza, según determinó un médico forense. Gallegos, de 46 años, aparentemente tenía una discapacidad mental por lo que tomaba medicamentos que regularmente se le suministran a pacientes que padecen epilepsia o neuralgia trigeminal.
Los demás casos que se han reportado no han sido esclarecidos por las autoridades y, según la prensa local, todos han muerto en el penal de Izalco.
Desde que el Presidente Bukele decretó estado de excepción a finales de marzo por el aumento de casos de homicidio han sido detenidas más de 19 mil personas, a quienes el Mandatario señala como pandilleros.
Sin embargo, Cristosal dijo a REFORMA que su organización ha contabilizado en el régimen de excepción 125 denuncias por detenciones arbitrarias.
Monti externó que la mayoría de los arrestos son realizados en zonas marginadas, en donde vive gente pobre, y que por el simple hecho de vivir ahí, una persona puede ser puesta bajo custodia por las autoridades. "El 80 por ciento de los detenidos son hombres jóvenes y morenos.
Hay casos en los que las personas son detenidas por el simple hecho de vivir en una zona estigmatizada", señaló la activista. Según Monti, los arrestos arbitrarios forman parte de una "cuota" que se le exige a las autoridades de El Salvador. "Pareciera que el Gobierno quiere capturar a 20 mil personas, aunque no tiene sentido. La Policía tiene presión para detener a personas", señaló la integrante de la ONG. Bajo el régimen de excepción, las autoridades pueden prolongar la detención preventiva de las personas de 72 horas a 15 días.
Y según Monti, algunas personas han sido liberadas porque no hubo evidencia de delito, pero hasta el momento, precisó, no hay datos oficiales. "Muchos de estos individuos tenían luz verde para salir y no han sido liberados", acusó.
"En nuestra muestra, de las 150 personas detenidas de manera arbitraria, sólo cinco han sido liberadas". De acuerdo con la activista, es por la presión de los medios de comunicación y redes sociales que algunas personas son puestas en libertad, pero la mayor parte quedan detenidas. Una encuesta de CID Gallup, que citó Bukele, señala que 91 por ciento de los salvadoreños apoya la lucha del Gobierno contra las pandillas. El Mandatario en numerosas ocasiones ha destacado la disminución de homicidios bajo el régimen de excepción como "muestra" de su exitosa guerra. Para Cristosal, el problema persiste. "Se está midiendo la violencia sobre la base de los homicidios, cuando hay otros delitos que causan problemas.
La disminución de personas asesinadas no significa el éxito del plan de Bukele, es bastante incompleto, no se está combatiendo totalmente a las pandillas. Las pandillas siguen extorsionando", subrayó Monti. "Las detenciones no son un éxito por parte del Estado, las pandillas pueden subir o bajar el número de homicidios a placer".
