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| Un grupo de personas esperan saber noticias de sus familiares detenidos durante el régimen de excepción. "No solamente se trata de agarrar al azar, deben de ver que ellos tengan un delito", expresó un familiar de un pariente detenido. |
Para la familia Guevara, el simple hecho de vivir en una de las comunidades más peligrosas de San Salvador, como la colonia Iberia, es una catastrofe para las juventudes de El Salvador; ya que las autoridades “mantienen asediado” el lugar y en algunos casos están pagando “justos por pecadores”.
Según ellos, las autoridades policiales se llevaron detenido injustamente a Carlos Guevara, un repartidor de gas que empezaba a ganar su propio dinero, luego de cumplir sus 18 años de edad.
“El sueño de él era comprarse sus cositas, pero era muy temeroso, casi no le gustaba salir y decidió trabajar cerca de casa, pensando que ahí no le pasaría nada”, dijo un familiar de Carlos. El miércoles pasado fue detenido y acusado de organizaciones terroristas.
Este sábado, según sus familiares, fue uno de los cientos de arrestados que enfrentaron la audiencia de imposición de medidas en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
Se trata de un trámite en el que el juez determina si el acusado enfrenta el proceso penal en libertad o bajo prisión provisional.
“Que injusticia la que están haciendo con los jóvenes, se los llevan sin saber porque, como madres no sabemos mayor cosa de ellos, mi hijo no tiene ni antecedentes penales. Tengo una gran angustia por no saber qué le está pasando a mi hijo. Es una injusticia la que hace este presidente, por eso le pido a él que investiguen bien antes de llevarse a personas honestas”, dijo la madre del detenido.
Además, los familiares de otros de los procesados mencionaron que no les permiten entregar a sus familiares artículos de uso personal y denunciaron los malos tratos que están recibiendo, muchos de ellos sin pertenecer a pandillas.
“Están cometiendo muchas injusticias, no tenemos ni voz ni voto, acá queda claro que no tenemos derechos, porque no nos dicen dónde están nuestros familiares, hemos pagado abogados privados y nos dicen que nuestros familiares están limpios, no tienen antecedentes de ningún tipo y ahora les han inventado el delito de organizaciones terroristas y nosotros somos juzgadas por el delito de amor, ese amor que le mostramos a nuestros hijos”, dijo otra familiar de uno de los detenidos. Abogados defensores que participaron de las distintas audiencias que enfrentaron hoy los primeros detenidos bajo el régimen de excepción confirmaron que a todos los están siendo acusados por el delito de organizaciones terroristas.
“Mi cliente era un empleado, una persona correcta que no se metía con nadie, hay muchas personas que me han entregado cartas de buena conducta que dan fe de lo que estoy diciendo, pero con esta ley hasta defenderlos parece ser un delito; pero estamos tratando de hacer ver todo esto para que las buenas personas salgan libres”, dijo un abogado.
La Fiscalía General de la República aseguró hoy que los casos tienen reserva total, por lo que no se puede conocer acerca del proceso que está llevando cada imputado. Según se conoció, la mañana del sábado se ocuparon cinco salas del centro judicial para realizar las audiencias de imposición de medidas.
En cada una de esas salas hubo entre 60 y 80 detenidos, los cuales conocieron su situación jurídica de forma virtual.
“El centro judicial no tiene la capacidad instalada para albergar a más de mil reos, en total serán más de mil personas procesadas sólo este sábado”, dijo una fuente del Centro Judicial que conoce de cerca el procedimiento para realizar el trámite. Horas después, el fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó los primeros resultados de las audiencias de imposición de medidas realizadas hasta el mediodía de este sábado.
“Tenemos las resoluciones de las primeras audiencias iniciales contra terroristas capturados dentro del régimen de excepción.
De 163 imputados, 162 permanecerán en prisión y 1 será liberado, a solicitud nuestra. Las investigaciones demostraron que no es miembro de pandilla”, escribió el fiscal en su cuenta personal de Twitter. Esos resultados son parte de los requerimientos que la Fiscalía presentó entre jueves y viernes contra 1,295 supuestos pandilleros que fueron capturados desde que entró en vigencia el régimen de excepción, el pasado 27 de marzo. En un principio se conoció que en su mayoría los capturados han sido acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, receptación, tenencia y conducción ilegal de arma de fuego y resistencia, sin embargo, hoy confirmaron defensores y fiscales que el delito más común entre todos es organizaciones terroristas.
La representación fiscal ha solicitado la detención provisional para estas personas mientras continúa el proceso de investigación. Según lo revelado por el fiscal Delgado, para los primeros procesos, los jueces han accedido a otorgar cinco meses de indagación extra para robustecer los casos.
A los procesados se les aplicarán las recientes reformas realizadas al Código Penal y a la ley de proscripción de pandillas.
