Su madre sufrió un accidente cerebrovascular recientemente y los familiares temen que la aparente detención arbitraria de Gilma durante el régimen de excepción afecte aún más su salud.
“Me preocupan la salud de ella y de su mamá. Si a ellas les pasa algo, el Estado no se hará cargo”, sostiene Blanca Lydia Benítez, al contar lo que su familia vive tras la captura de su sobrina, Gilma Yaneth Benítez, a quien la Policía Nacional Civil sacó el lunes 18 de abril de su apartamento y la arrestó bajo engaños.
Gilma tiene 44 años y se gana la vida con una venta de refrescos y pan francés. Tiene dos hijos, de 21 y 18 años, y es la encargada de llevar a su madre, Victorina, al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) dos veces por semana, para que haga terapias después de sufrir un accidente cerebrovascular. Victorina, de 70 años, se ha quedado al cuidado de su nuera y temen que lo que ha sucedido le afecte a ella.
Según los relatos de familiares, Gilma estaba en su apartamento, en los condominios Atlanta de Mejicanos, cuando la Policía tocó a su puerta. Le dijeron que era parte del plan “Casa Segura” y que debía acompañarlos a la estación policial para una firma. Ella accedió porque ya en el pasado había tenido problemas con su vivienda.
“Antes el lugar se lo había agarrado ilegalmente un pandillero y era él quien cobraba la renta de los apartamentos. Ella nunca quiso poner la denuncia porque sus hijos estaban adolescentes y tenía miedo que les hicieran algo, pero al final todo eso se solucionó.
Ahora ya los recibos salen a nombre de ella y no entendemos por qué se la llevaron”, agregó Blanca, su tía. Ya en la estación los policías arrestaron a Gilma y la presentaron en redes sociales como “colaboradora de la cancha PRL Revolucionarios Parque Libertad”, además de asegurar que la arrestaban por “agrupaciones ilícitas”. Su familia niega estos cargos y denunció una detención arbitraria, pues Gilma ni siquiera labora en San Salvador.
“Ella también está enferma, es prediabética. El problema es que ahora no hay una institución dónde denunciar esto porque todo lo controla el gobierno y ahora solo nos queda denunciar públicamente o con los medios de comunicación”, expuso su familia.
Hasta ayer por la tarde sus parientes y amigos estaban recolectando firmas para presentarlas ante las autoridades y demostrar que ella no es una delincuente como afirman. Por ahora les han dicho que tienen que esperar al menos 15 días para determinar si le devuelven o no su libertad.
