Roxana Cortez volvió a su casa a las 8:00 de la mañana del pasado lunes, después de madrugar para hacer las compras de insumos para el negocio de comida típica que tiene desde hace 14 años en el parque central del municipio de Alegría, en Usulután.
Sin embargo, recién llegó a su casa, la visitaron tres policías que le pidieron acompañarla a la delegación. No le dieron explicaciones y hasta que estaba en el puesto policial, los agentes le dijeron que quedaba detenida por el delito de organizaciones terroristas. Esto lo cuenta Elio Mejía, su esposo, quien al enterarse de su captura viajó desde su trabajo en La Paz hasta Alegría, pues ambos son padres de tres hijos y dos de ellos son menores de edad. Su hija mayor es universitaria.
Una vecina, que no quiso identificarse en esta nota por temor a represalias, dijo a El Diario de Hoy que cuando Cortez volvió de compras en un carro que alquila para ello, entró a su casa con las primeras bolsas de productos, pero quienes le ayudaban a cargar las compras, ya no la volvieron a ver, porque fue entonces cuando los policías la llevaron a la delegación. Antes, los agentes anduvieron preguntando por el domicilio de Cortez, y una persona alcoholizada les dio su dirección.
En la delegación, la vecina visitó a Cortez. Cuenta que, tras revisarle el teléfono de Cortez, los policías se lo devolvieron a sus familiares al no encontrarle indicio de delitos y tampoco le encontraron antecedentes penales en el sistema policial. Uno de los agentes, incluso, le aseguró a la vecina que la emprendedora pronto quedaría libre. “Tendrían que averiguar bien. Ella y yo ya llevamos 24 años juntos, tenemos ya 18 de casados y no paramos de trabajar, no paramos. Yo trabajo de lunes a viernes, pero regreso el fin de semana para ayudarle, para sacar adelante a la familia. Pensamos en grande, en dejarle un futuro a nuestros tres hijos”, expresó Mejía, el esposo de Cortez.
Cortez, además de ser una emprendedora, juega en el equipo de fútbol femenino de Alegría, es parte del Comité de Turismo de la alcaldía y ha pertenecido al Consejo Directivo Escolar del Centro Escolar Alberto Masferrer, la única escuela que hay en el municipio de Alegría. Desde que estaba embarazada de su segunda hija, Cortez montó el negocio “Antojitos Chana”.
Comenzó de a poco y hoy, a sus 44 años, su negocio ha crecido y es reconocida como una mujer trabajadora por los alegrinos y los turistas que le visitan. Capturas ilegales en estado de excepción La detención de Cortez se da en el marco del estado de excepción decretado por el gobierno de Nayib Bukele y la bancada oficialista de diputados desde el pasado 27 de marzo, a partir de los 72 homicidios ocurridos entre el 25 y 26 de ese mes. Hasta el martes, la Policía Nacional Civil (PNC) reportaba 13,000 capturas.
Entre los detenidos hay pandilleros, pero también en los últimos días las redes sociales han alertado de detenciones ilegales, como las de cuatro empleados de una cafetería y un exestudiante de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, quienes por presión de la sociedad civil han recuperado su libertad y sin una disculpa pública de las autoridades. El jueves de la semana pasada, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas documentaba 25 capturas ilegales. La tarde de este martes, Cortez pudo hablar con la defensora particular, Carolina Ortez, quien califica de ilegal su detención, por no reunir los hechos para configurar el delito de organizaciones terroristas.
Basada en el Código Penal, Ortez señala que este delito ocurre cuando más de cinco personas conspiran para atentar. En todo caso, agrega, si una persona está en familia o trabajando, como lo estaba Cortez, no puede haber ningún delito.
Además, para la abogada, la PNC tampoco establece en el acta de detención la identidad de una persona que acusa a la emprendedora de ser parte de una estructura ni establece a qué tipo de estructura pertenece y dónde opera esta estructura.
En los días del estado de excepción, Ortez asegura que los policías se valen de capturar a personas al preguntarle a algún “informante” sobre la identidad o el domicilio de quien quieren capturar. Sin diligencias para un debido proceso legal. “En mi oficina el teléfono suena todos los días por este tipo de delitos.
Es una situación complicada. Usted puede estar en el momento o en la situación equivocada y se lo llevan detenido, si el policía considera que existe una agrupación”, menciona la abogada.
Otro abogado penalista con experiencia en defender a personas capturadas ilegalmente y que no quiso identificarse, también por temor a represalias, señala a El Diario de Hoy que en el estado de excepción ocurre un exceso de autoridades, porque los militares están cumpliendo funciones de seguridad pública que constitucionalmente no le corresponden.
“Si no hay investigación previa y perfilación de la persona a capturar, en mi opinión, la captura se vuelve ilegal. Cuando, por ejemplo, se meten a casas sin allanamiento y sin registro. Distinto es cuando hay varias personas confabulando en grupo para realizar delitos”, sostiene. Este medio pidió una postura oficial sobre las denuncias por capturas ilegales al secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, pero al cierre de esta nota no había ninguna respuesta.
