En la nueva ley especial de construcción de centros penales recién aprobada por la Asamblea se dice que serán varias prisiones las que piensan construir, pero no determina el número. El gobierno argumenta que estarán alejadas de las ciudades.
Varios analistas políticos entrevistados este viernes en el espacio del Canal 21, coincidieron en que la apuesta del gobierno debería ser construir una sola cárcel, amplia, con condiciones suficientes para recluir a los miles de supuestos pandilleros que han sido capturados en el marco del régimen de excepción. Paralelamente, elaborar planes de reinserción social para que puedan acoplarse de nuevo a la vida civil cuando salgan de la cárcel.
“El sistema carcelario ha tenido diversos colapsos en el tiempo, si se decide hacer una cárcel más, tiene que ser un lugar amplio y adecuado”, expresó Nelson García.
Añadió que es necesario pensar en una instalación que no solo permita el encarcelamiento, sino el desarrollo humano de los internos, en el sentido de que existan espacios para un desenvolvimiento humano, “esto es fundamental”, expuso García. Recordó que en el pasado se habló de construir una cárcel en la isla de Zacatillo, la cual tiene 4 kilómetros de extensión y que ahora está poblada, pero tiene fines turísticos.
Sin embargo, en la década de los 50’ se mencionó como un espacio parecido al de las islas Marías en México, que permite el aislamiento físico territorial, no como en el pasado que los centros penitenciarios estaban en la ciudad, a la par de iglesias o de centros estudiantiles.
Al mismo tiempo, el analista Jorge Villacorta, recomendó que se debe trabajar en planes de reinserción social para cuando estas personas terminen su condena, en especial, para los “delincuentes juveniles” para garantizar que al salir de la cárcel puedan reinsertarse a la sociedad.
“Así como se quiere acelerar la construcción de cárceles, así hay que acelerar la atención de los delincuentes juveniles para garantizar que, cumplida su pena, puedan reinsertarse a la sociedad”, expresó Villacorta. Según dijo, el problema de las maras no se acabará con la captura de 15,000 o 20,000 personas que supuestamente cometen esos crímenes, ya que el fenómeno tiene raíces económicas y sociales.
Pero además, el experto refiere que acelerar el proceso de construcción de cárceles debe estar amparado en cumplir con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). En la normativa especial avalada por la Asamblea se omite su aplicación.
“¿Para cuándo se necesita de una ley especial para construir cárceles? el problema es que yo necesito pasar por encima de las regulaciones que tiene la ley LACAP para facilitar o acelerar procesos”, explicó Villacorta.
Indicó que él participó en la elaboración de la LACAP, buscando modernizar al Estado. Recuerda que fue una política impulsada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que antes existía un proveedor “y más de 300 funcionarios que vivían con ese montón de picardías”.
“Con la ley LACAP tiende a reducirse ese abuso, a ningún gobierno ni a ningún funcionario le gusta la LACAP, pasar por eso era un objetivo, eso es evidente, porque no le veo sentido al legislar, a no ser que digan que también se aplica la parte de la expropiación, porque lo haré en este determinado terreno, al hacerlo allí, en la legislación normal había que pagarle a la persona para indemnizarlo ¿Quién definía el precio? lo definía el mercado, el gobierno no resolvía eso por los enormes costos que pedía la persona”, explicó Villacorta.
Con la nueva ley especial ahora se reduce eso, porque quien define el precio que pagará el Estado como indemnización es un juez, para el caso muchos de ellos han sido “impuestos” por el Ejecutivo, “es obvio que el precio que me pagarán no será ni por cerca el precio del mercado”, lamentó el especialista.
El analista Marvin Aguilar afirmó también que el gobierno debe priorizar la prevención para que los menores de edad ya no vean a la pandilla como una opción de vida.
