Expertos coinciden en que no hay asidero legal para alargar el régimen de excepción sino solo razones políticas que ayuden al gobierno a revestir de legalidad sus abusos.
Luego de 30 días de denuncias de detenciones arbitrarias de jóvenes, cierres de colonias, acoso a voces críticas y estigmatización de los defensores de derechos humanos por parte del presidente Nayib Bukele, crecen las dudas entre la sociedad civil sobre las motivaciones del Gobierno en prorrogar el estado de excepción.
José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), no pone en duda de que el combate a las pandillas necesite medidas extraordinarias, pero cuestiona que el método para enfrentarlas pase por restringir derechos de la mayoría. “Nadie discute que había que hacer algo extraordinario frente a la delincuencia, las extorsiones y los homicidios.
Lo que sí se discute es el costo que estamos pagando y el costo es una suspensión de los derechos de todo mundo”, dijo.
El jurista añadió que “con la tentación autoritaria de este gobierno, que ya no la esconde, hay riesgo de que el régimen de excepción se convierta en permanente y la restricción de derechos continúe en el tiempo ahora con un respaldo jurídico”.
Marinero cree que no había condiciones jurídicas para aprobar 30 días más de estado de excepción, en el cual están suspendidos los derechos de reunión, asociación, la privacidad de las comunicaciones y ciertas garantías al debido proceso. Por tanto, cree que la intención del presidente Nayib Bukele es política electoral. “Está bastante claro que la justificación para prolongar el régimen de excepción es insostenible: no hay evidencia que nos diga que la crisis de hace 30 días continúa y eso asumiendo que la crisis efectivamente sucedió hace 30 días.
La prórroga es injustificada salvo que se tenga ese interés de revestir de legitimidad los abusos, los excesos, las adquisiciones al margen de la Lacap que se aprobaron”, consideró.
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| Diputados de Nuevas Ideas aplauden tras prorrogar el régimen de excepción. Después, avalaron saltar a la Lacap en la adquisición de bienes y servicios durante el régimen de excepción. |
En esto coincide el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, para quien ni el primer régimen de excepción aprobado a finales de marzo ni la extensión del domingo están constitucionalmente fundamentadas.
“La prórroga tampoco está de acuerdo al marco constitucional. El artículo 30 (de la Constitución) cuando se refiere al plazo dice que se podrá prorrogar por otros 30 días siempre y cuando continúen las circunstancias que lo motivaron. En ese sentido, en la dispensa de trámite no se documentó que la circunstancia del alza de homicidios continuaba. Ni el gobierno ni la Asamblea ni los diputados han justificado que la circunstancia se mantiene”, explicó Ábrego.
Interés electoral
El otro interés que según el presidente de DTJ puede tener el gobierno de Nayib Bukele es el caudal político que obtiene con miras a las elecciones de 2024, al mantener a la población en alerta de que el país vive una emergencia constante.
“El gobierno crea esta necesidad de sí mismo: que necesita a los militares en la calle y necesita más recursos para enfrentar la delincuencia, es una narrativa bien útil y prolonga la inminente campaña para la reelección del 2024: necesitamos más de ‘esto’ es el mensaje y ‘esto’ es el mismo gobierno, las mismas caras…”, argumenta Marinero.
Además, el abogado considera que el estado de emergencia permanente que provoca estar en régimen de excepción le beneficia al gobierno porque distrae de otros temas cruciales, como el alto endeudamiento, o la crisis económica. “Hemos olvidado los temas que venía cargando el gobierno con anterioridad.
Se nos olvidó la tregua, se nos olvidó la crisis económica, ha pasado a segundo plano la crisis fiscal que es inminente. Ahorita la mirada está puesta en qué va a hacer el gobierno con los poderes extraordinarios que se le han dado para enfrentar la principal amenaza que hemos tenido en los últimos treinta años”, hizo notar el experto.
Deterioro de derechos
Más allá de las intenciones que puede haber tras el régimen de excepción, también está el tema de los abusos contra los derechos humanos de salvadoreños.
“La preocupación es que la forma de aplicar el régimen es discrecional por parte de las autoridades y de por sí es fuerte porque se están suspendiendo garantías judiciales” manifestó Ábrego, de Cristosal.
